Juez Andrés Basso: “hay que concientizar a la ciudadanía para que advierta la importancia de tener un poder judicial independiente”

Con un aspecto que le quita al menos diez años a los 54 que tiene, el juez Andrés Basso dirige desde hace dos años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y el jueves pasado fue reelecto en una votación en la que obtuvo un triunfo aplastante -como candidato de la lista Bordó, que gobierna la entidad desde hace años- sobre las opositoras listas Celeste y Compromiso Judicial. Basso fue uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y recibió a Clarín para hablar sobre el presente de la justicia, las demandas sociales hacia los jueces, la llamada “puerta giratoria” y el desafío de acercar a la gente el servicio de justicia y la importancia de tener magistrados independientes.

¿Cómo fueron estos dos años de gestión institucional? ¿Cuáles son las principales diferencias con el rol de juez de tribunal?

La función institucional con la cual me honraron todos los colegas es muy distinta al rol jurisdiccional que tengo como juez federal: ejercer la presidencia de la Asociación significa bregar por los intereses de los asociados y asociadas, donde coexisten múltiples aspectos gremiales y por supuesto también está el rol netamente institucional de defensa y resistencia de toda medida que pueda afectar la independencia judicial, pilar básico para el buen funcionamiento del sistema judicial en un Estado de Derecho. La AMFJN es la entidad de jueces y funcionarios más importante del país, porque nuclea toda la justicia nacional y federal con asiento en la Capital Federal y a la justicia federal de cada una de todas las provincias. Es una tarea que conlleva una enorme responsabilidad, pero también muy gratificante. Exige mucho trabajo y tiempo, que uno se lo quita al poco tiempo personal del que se puede disponer, teniendo en cuenta la exigente actividad diaria que también tengo como magistrado.

¿En estos primeros años qué fue lo que más aprendió, lo que más costó y lo que queda como desafío para el próximo turno, si es que los jueces vuelven a votarlo?

Desde el comienzo me sentí muy a gusto representando a mis pares, con quienes además siento una absoluta identificación: conozco bien el funcionamiento del poder judicial y los ministerios públicos, ya que fui haciendo todos los pasos de la carrera judicial hasta acceder a la magistratura. En estos dos años enfrentamos diversos problemas, algunos de ellos muy complejos, y los hemos abordado con responsabilidad y dedicación, gracias al gran equipo de trabajo que me ha acompañado en la gestión diaria. Hemos mantenido la postura histórica de rechazo a todo intento de traspaso a la Ciudad de la justicia nacional, nos abocamos a solucionar la metodología para la implementación del impuesto a las Ganancias, la defensa del sistema de retiro y participamos activamente de todos los proyectos y leyes de reformas de sistema judicial. Pero si tengo que definir en una línea cuál ha sido la responsabilidad mayor en este mandato, fue la de velar que el servicio de administración de justicia pueda funcionar de la mejor manera, que todos los magistrados y funcionarios puedan actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones, porque esa es, repito, la función central que tenemos como asociación.

¿Todavía está en discusión el rol de la justicia y de los jueces en una democracia?

En un sistema republicano como el que nos rige, con división de poderes, el poder judicial es el que está llamado por la Constitución Nacional a ser el poder el contrapeso de los otros poderes. Es el que tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión. Muchas veces se reciben embates o intentos de los poderes políticos para tratar de debilitar esa función constitucional que tenemos, y para poder resistir y evitar ese debilitamiento es que necesitamos un poder judicial y un ministerio público fuertes e independientes, y en eso la Asociación de Magistrados y Funcionarios siempre ha cumplido un rol central.

Históricamente la tensión era entre el poder ejecutivo y el judicial por sus decisiones, o el ejecutivo que avanza sobre el legislativo con decretos. Pero este último año florecieron en el Congreso comisiones investigadoras sobre distintos temas que a veces buscan ejercer funciones prácticamente judiciales. ¿Hay un desafío a los tribunales o una armonización de los poderes?

No lo veo como un desafío. Entiendo que dentro de sus facultades reglamentarias, el Congreso tiene la potestad de crear comisiones para investigar -siempre dentro de la órbita legislativa- determinados asuntos públicos, con el objetivo luego de propiciar proyectos de leyes o eventualmente realizar alguna denuncia judicial. Desde ya que esa facultad no se asemeja en absoluto con la función jurisdiccional que sí ejerce el poder judicial y los ministerios públicos. Si eventualmente se produjera alguna zona de confluencia o discusión, siempre serán los magistrados los encargados de delimitar con precisión esas funciones. Así también se ejerce la independencia judicial.

Hablando de independencia judicial, ¿qué opina de la reforma que se hizo en México, donde ahora los jueces se votan en elecciones partidarias?

Lo ocurrido en Mexico es de una gravedad institucional extrema y muy preocupante. Es una reforma judicial que hiere de muerte el sistema republicano de división de poderes tal como nosotros lo concebimos, y me refiero al diseño de frenos y contrapesos que resulta esencial que exista entre los distintos poderes del Estado. O acaso puede pensarse que resultará posible garantizar la independencia judicial ligando la selección de magistrados a un proceso político electoral, sin contar además la penetración institucional que el narcotráfico tiene en determinados estados de Mexico. A ello se suma que en ese proceso de reforma judicial se han hecho cesar a los magistrados federales que estaban legítimamente ejerciendo sus funciones. Son reformas que, en realidad, esconden oscuros intereses y que buscan conspirar contra la propia esencia de la función judicial. Todo lo que acabo de decir quedó tristemente confirmado con la celebración de las elecciones populares de los aspirantes a magistrados, donde hubo una participación ciudadana de sólo el 13%, lo que terminó de deslegitimar toda esa reforma. Lo de México es un caso testigo, una tragedia desde lo institucional. Por eso tenemos que estar muy atentos y tratar de concientizar para que la ciudadanía advierta la importancia de tener un poder judicial independiente.

Además de respetar la división de poderes, ¿para qué le “sirve” la independencia judicial al ciudadano de a pie?

Puede creerse -equivocadamente- que cuando se habla de independencia judicial nos estamos refiriendo a un concepto abstracto, y no es así en absoluto. Cuando un ciudadano considera que un derecho le fue conculcado o restringido de manera irregular, necesitará acudir al sistema judicial para hacer valer su reclamo y lograr que ese derecho le sea, de corresponder, restituido, y justamente para eso precisará de un juez independiente del poder político de turno y de cualquier otro poder, para garantizar ese procedimiento judicial. Por ejemplo, ahora se ha judicializado una gran cantidad de planteos y amparos por supuestas faltas en las coberturas de planes y servicios de salud, y los ciudadanos le reclaman al Estado o a las obras sociales. Lo mismo pasa con los jubilados por los las cuestiones de los reajustes previsionales. Ni hablar en los casos de violencia de género de violencia doméstica. Son todos casos en que el ciudadano necesita que ese juez y que ese fiscal sean realmente independientes para que puedan actuar conforme a la normativa y a la Constitución. Lo mismo te podría decir respecto de las empresas: cuando hablamos de las inversiones que recibe un país, lo primero que piden las empresas que es seguridad jurídica, reglas claras y que no se las cambien con una resolución o disposición ministerial. Eso también depende de un poder judicial que sea independiente.

Como juez, a usted le toca diariamente aplicar la ley en sus sentencias. ¿Qué calidad tienen esas leyes para poder hacerlo satisfactoriamente?

En lo que se refiere a la legislación penal, en los últimos años se han incorporado a la normativa local numerosas convenciones que la comunidad jurídica internacional fue elaborando con el fin de estandarizar criterios y protocolos, en especial, en todo lo relativo al crimen complejo. Pero teníamos un gran déficit en la legislación procesal. Ahora también en ese ámbito estamos aplicando progresivamente un nuevo paradigma, que modifica sustancialmente el rol de los actores judiciales. Ya no tenemos un juez que es el que investiga y al mismo tiempo juzga, sino que se dividen claramente las funciones de investigar y de acusar en los representantes del ministerio público fiscal, y se reserva la figura del juez como tercero imparcial para decidir el derecho. Además, el nuevo código viene a saldar una deuda del poder judicial, que son los tiempos procesales. Hay un dicho que dice que la justicia lenta no es justicia: bueno el nuevo código eso en eso tiene un avance cualitativo, porque prevé plazos procesales mucho más breves. Después, en el ámbito de civil inauguramos un nuevo código en 2015, que unifica el código comercial y el código civil y es de avanzada. Con cual, desde el punto de vista de la legislación los jueces trabajamos con herramientas muy razonables. El problema son los recursos con los cuales cuenta el poder judicial y el ministerio público para llevar adelante su función. En primer lugar, tenemos un número inédito de vacantes, y si no las cubrimos, aún con el mejor código de fondo y de forma, el servicio de administración de justicia no va a ser óptimo.

El recurrente el tema de los juzgados y fiscalías vacantes. ¿Por qué hay tantos y qué consecuencias tiene eso?

Es un problema estructural y crónico. El tiempo que demora la cobertura de una vacante judicial, si consideramos el momento mismo en que el magistrado se jubila hasta el nombramiento del nuevo titular, insume en promedio de seis a ocho años, lo que es excesivamente prolongado y ocasiona innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial. A este cuadro se le suma una dificultad adicional, y es que cuando se produce un cambio de gobierno, como ocurrió en los últimos casos de alternancias en el poder ejecutivo, la administración entrante debe estudiar pormenorizadamente los pliegos que tiene disponibles para enviar al Senado, y también es una práctica política habitual que solicite la devolución de los pliegos enviados por el gobierno saliente. Y en la actualidad hay una demora en el envío de los pliegos al Senado para poder cubrir las vacantes que tenemos en el poder judicial. Estamos en un promedio del 35%, es decir que de cada tres jugados hay uno vacante. Eso significa que el juez titular debe estar subrogando (reemplazado como suplente) al juzgado de al lado, y eso indefectiblemente hace que la calidad del servicio decaiga. Nosotros como asociación de magistrados tenemos buen diálogo institucional con las autoridades competentes, hemos realizado más de una reunión con el ministerio de Justicia, y estamos exhortando a que con urgencia se cubran las vacantes existentes. Sabemos que hay cuestiones políticas, y que a veces esa coyuntura política demora todo el proceso. Pero creo que hay prioridades institucionales que deben atenderse, así que esperando que el poder ejecutivo comience a enviar los pliegos al Senado para cumplir con esta deuda.

Los jueces también se quejan del estado de los edificios y la falta de recursos materiales…

Es absolutamente cierto: las condiciones edilicias en muchísimos inmuebles donde funcionan oficinas judiciales en todo el país, son muy precarias. Por citar solo un ejemplo muy reciente, en la justicia nacional civil tenemos edificios en los que de tres ascensores funciona solo uno, lo que produce un trastorno diario tanto para los trabajadores como para las personas que deben acudir a realizar trámites judiciales. Son cuestiones que seguramente la sociedad no conoce, y que luego generan quejas por la demora en la tramitación de los procesos. Y tienen razón, pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, se trabaja en condiciones que no resultan óptimas. Por eso vemos con muchísima preocupación la previsión presupuestaria para el próximo año, que contempla una partida para el poder judicial muy menor a la solicitada por el Consejo de la Magistratura. El monto presupuestado no permitirá un funcionamiento mínimo del poder judicial para 2026, si tenemos en cuenta las obras, el mantenimiento edilicio y el equipamiento tecnológico que se requieren.

Según las encuestas, ea imagen social de los jueces y el poder judicial es muy pobre. ¿Qué hace y qué puede hacer la Asociación de Magistrados para mejorar esa consideración?

Es cierto que la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del poder judicial no es buena, y para nosotros eso causa una gran frustración, porque notamos que no hay un correlato entre el trabajo diario que llevan adelante los jueces, fiscales, defensores y funcionarios con la percepción que la ciudadanía tiene de nuestra tarea. Eso puede obedecer a múltiples circunstancias. En primer lugar, es cierto que lo único que llega a la ciudadanía a través de los medios son los malos ejemplos de la judicatura, de aquellos que no honran la función judicial. Si bien entiendo la lógica periodística, ya que la noticia siempre será el mal juez o algún caso de corrupción, que como toda institución con miles de integrantes también lo hay, lo cierto es que todo lo que llega a la ciudadanía es el ejemplo de lo que funciona mal en el Poder Judicial, y eso no es representativo de la realidad del sistema judicial. También advierto que tenemos un gran déficit comunicacional, debemos mostrar y comunicar mejor el trabajo diario que hace la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, que están conformados por gente dedicada y comprometida con la función, con vocación judicial. Tenemos que buscar la manera para ir cambiando paulatinamente esa imagen, visibilizando el trabajo comprometido que se realiza día a día. Y aquí es esencial tratar de acercarnos cada más a la sociedad y a instituciones relevantes de la sociedad civil. Desde la Asociación estamos llevando adelante una gestión muy activa al respecto, vinculándonos -a través de convenios- con distintas entidades para acercar a los magistrados y funcionarios a instituciones ligadas al bien público y al quehacer judicial. También es una manera de poder acercar el servicio de justicia a la gente. Creo que es una deuda pendiente sobre la que estamos trabajando.

Las protestas de la gente también apuntan contra la llamada “puerta giratoria” para los delincuentes que la policía logra atrapar, el uso de las excarcelaciones más en favor del delincuente que de la sociedad que padeció el delito.

Lo primero que debo contestar ante esa pregunta es que nosotros, como magistrados, debemos sujetarnos siempre a la legislación vigente y a la Constitución Nacional. Puede ocurrir que en ciertas situaciones se advierta algún déficit en la normativa vigente, que genere críticas de la sociedad o del periodismo en casos puntuales, pero cualquier reforma legal es de incumbencia de otro poder del Estado. Igualmente entiendo el sentido de su pregunta, pero no coincido que sea efectivamente así eso de la “puerta giratoria”, a poco que veamos la cantidad de población carcelaria existente en los distintos centros penitenciarios del país. Y por otra parte, tampoco puedo hablar en general, cada caso tiene sus particularidades y características especiales. Hay magistrados con distintos criterios, algunos más laxos, otros más duros, pero aseguro que no hay un sesgo.

¿Por qué no se unifica un criterio y la ley se interpreta de una sola manera?

Le agradezco la pregunta porque me permite explicarle a la ciudadanía cuestiones judiciales que no siempre son bien comunicadas. Como dije anteriormente, cada caso que llega a un juzgado o fiscalía es distinto y requiere un abordaje y tratamiento particular. Y no puedo perder de vista en esta cuestión que muchas veces ante casos resonantes que generan impacto en la sociedad, se buscan soluciones efectistas que en nada contribuyen a la solución real de los problemas. También es necesario aclarar que cuando interviene la justicia penal es porque el daño ya se causó, entonces el abordaje penal, si bien es importante y necesario, no será nunca suficiente. Hay múltiples cuestiones que se reflejan en un caso judicial que no podrán solucionarse desde el sistema penal, sino que tienen que abordarse a través de la intervención de otras agencias estatales y con la elaboración de políticas públicas para la atención de determinadas situaciones de vulnerabilidad.

¿Cómo vive la experiencia de haber integrado el tribunal que juzgó el más importante caso por corrupción, ahora que la Corte ratificó esa sentencia exactamente igual a la que ustedes firmaron con el TOF 2?

Fue un debate oral extenso y complejo, de una enorme relevancia institucional, tanto por las personas sometidas a proceso como por la entidad de los hechos que conformaban el objeto procesal. Creo ese es un ejemplo de que las instituciones funcionaron, que el poder judicial pudo cumplir con su función que es investigar, llevar adelante un proceso en tiempo y forma, respetando los plazos y recaudos establecidos en la normativa procesal y llegar a una decisión. Obviamente no fue una causa común, hubo otro tipo de exposición y existieron ciertas presiones, pero en el fuero en que me desempeño resulta habitual juzgar hechos de criminalidad compleja.

Terminó Vialidad y justo hace pocos días que comenzó el juicio de los Cuadernos de las coimas. ¿Cómo ve el desarrollo de este juicio la posibilidad de que de que haya más audiencias para acelerar el proceso?

Se trata del juicio más grande de nuestra historia: hay una gran cantidad de partes intervinientes, y en el cual desfilarán un número altísimo de testigos que serán escuchados en la etapa de producción probatoria durante el debate. Por estas razones, inevitablemente insumirá un tiempo prolongado. Me consta que los integrantes del tribunal están abocados enteramente a la organización del juicio para su normal celebración.

Con el fallo Levinas, este año la Corte volvió a decir que la última instancia de los juzgados nacionales es el Supremo Tribunal porteño y no la Corte, apurando una definición sobre el posible traspaso de jueces o de funciones a la Ciudad. La Asociación se opone. ¿Cómo se resuelve esa cuestión?

La nuestra es una postura sustentada exclusivamente en argumentos constitucionales y normativos, porque cuando se habla de traspaso yo advierto que siempre se parten se parte de una premisa falsa, de que la ciudad de Buenos Aires es una provincia. Y eso no lo dijo el constituyente. El artículo 129 de la Constitución establece que la ciudad, mientras sigue siendo capital de la República, tendría un régimen de gobierno autónomo, que es algo muy distinto a una provincia, y que una ley -que a la postre fue la ley denominada ley Cafiero- iba a a velar por los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esa ley establece claramente que la justicia nacional seguirá perteneciendo e integrando el poder judicial de la Nación, y otorga a la ciudad de Buenos Aires una justicia vecinal, una justicia de faltas y contravencional. En eso basa nuestro rechazo a todo tipo de traspaso, y por eso es que hace veinte años nos hemos opuesto con éxito a toda posibilidad de traspaso. Luego del fallo de la Corte se pidió un recurso de revocatoria, y cada una de las cámaras nacionales ha dictado acuerdos plenarios en los que con sólidos argumentos han manifestado su desacuerdo. Estamos trabajando activamente en la comisión que convocó el ministerio de Justicia, y se están analizando otras alternativas distintas al traspaso. Como asociación, tenemos una postura muy activa de judicializar cada intento del gobierno porteño de querer apropiarse de competencias que son exclusivas y propias de la justicia nacional.